Propuesta de Acuerdo de Izquierda Unida con CC.OO, UGT y restos de fuerzas políticas

El pasado 13 de febrero una delegación de IU, encabezada por su coordinador provincial, junto con delegaciones del PSOE ,PP y PA asistieron a la convocatoria de los sindicatos CC.OO y U.G.T. en la que los sindicatos plantearon un pacto con los ayuntamientos de la provincia para paliar la situación de desempleo que se sufre en sus pueblos y ciudades. Dicho pacto se sustenta en la participación de los agentes sociales por medio de la comisión de seguimiento de los planes de inversión extraordinarios de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación, por la que se analizarían los criterios de selección de obras y la contratación de los trabajadores. El otro pilar del documento entregado por los sindicatos radica en la firma de un pacto por la vivienda en la provincia, municipio por municipio, sin entrar en más detalles del mismo. Estas propuestas tendrían que firmarlas los alcaldes de los distintos grupos políticos.

Posteriormente, el pasado 23 de febrero, el coordinador de política municipal e institucional de IU en Málaga se reunió con los alcaldes y alcaldesas de IU y con el grupo de Diputación Provincial, para trasladarles los contenidos de la reunión con los agentes sociales.
En dicha reunión se estudió el documento base, referido anteriormente, entregado por los sindicatos y sobre el que se hicieron distintas aportaciones, de las que cabe señalar:
- Por fin, las administraciones central y autonómica, valoran el papel fundamental que juegan los
ayuntamientos en la redistribución de la riqueza y esta consideración debe mantenerse.
- Por ello, ahora más que nunca, es necesario que las administraciones locales tengan una financiación acorde a sus necesidades, sin que sea la hermana pobre de la administración.
- Y que en el acuerdo se debe hacer una referencia a la reivindicación de una financiación local justa, máxime en estos momentos de crisis.
Por otra parte, se valoró el efecto del decretazo en los desempleados de los pueblos, de tal manera que la vuelta de los trabajadores al régimen especial agrario tras su paso por la construcción les impide acceder al subsidio de desempleo agrario y que las medidas tomadas por el gobierno central y el andaluz han olvidado a los trabajadores del campo. Por esto, se planteará que desaparezca el decretazo para que los trabajadores que vuelvan al régimen especial agrario puedan acceder al subsidio de desempleo agrario en las mismas condiciones que antes y un PER
extraordinario que de cuatro meses de trabajo a estos trabajadores.
Igualmente, se plantea, también, que los planes de inversión para los ayuntamientos se prolonguen al 2.010 y al 2.011 aumentando las cantidades dadas en el 2.009.
Por otro lado, también sobre la propuesta de la reunión del 13 de febrero, se estima necesaria la participación de los agentes sociales en las comisiones de seguimiento de los planes de inversión extraordinarios para que éstos tengan un carácter social. Dichos planes tienen que priorizar que puedan emplear al mayor número de trabajadores y que las obras sirvan para crear infraestructuras para la creación de empleo.
En cuanto al pacto por la vivienda, se hizo un repaso a la situación de los P.G.O.U. y una crítica a la utilización política que la administración hace de los instrumentos que tiene a su alcance.

En consecuencia, se planteó que el pacto por la vivienda no puede ir dirigido exclusivamente a la construcción de VPO sino que, fundamentalmente, ha de ir dirigido a las viviendas de promoción públicas de régimen especial, ya que los módulos VPO hacen inviable la venta de las mismas. Además, es la Junta la que debe financiar la construcción de viviendas en alquiler en régimen especial para los trabajadores que no tienen acceso a las hipotecas de VPO.
En definitiva, los ayuntamientos gobernados por IU están dispuestos a pactar en beneficio de los trabajadores, pero sin que eso sirva para exculpar a los responsables de esta crisis y sin que las medidas sean parches para mantener este sistema económico generador de paro y exclusión social, mantenemos la necesidad de la movilización de los trabajadores. La Junta de Andalucía y
el Gobierno central tienen que asumir su responsabilidad en esta crisis.