Casos de corrupción en la provincia de Málaga

Los casos de corrupción destapados recientemente en la provincia de Málaga vienen a engrosar una larga lista que desprestigia la política y aleja a los ciudadanos de la misma. Con una perspectiva histórica que alcanza los últimos treinta años, podemos decir que la cultura del pelotazo llevada a la gestión de las instituciones ha sido uno de los peores males que ha sufrido la regateada democracia española. Sin embargo, a la hora de afrontar esta lacra, el análisis que subyace desde la mayoría de medios de comunicación y de partidos políticos carece de la profundidad necesaria para comprenderlo y atajarlo. Las causas del fenómeno de la corrupción, en nuestra provincia asociado primordialmente a la especulación urbanística, suelen fundamentarse en la debilidad moral y ética del corrupto en cuestión. Pareciera que la corrupción se explica meramente por razones de índole subjetivo, creando en el imaginario colectivo que todo lo malo que sucede se da porque hay malos detrás de ello, en virtud de una lógica maniquea, sin atender a otras determinaciones objetivas. Por eso, en estos tiempos de crisis económica y dificultades para la mayoría social, en los que se observa con lupa el papel de la Administración, entra que interpretemos con rigor y hondura las causas de la corrupción, no excluyendo las de orden ético, pero yendo más allá de las mismas.
LO primero que hemos de tener presente es que la lógica neoliberal se ha reproducido no sólo en las políticas económicas de los gobiernos o en las prácticas empresariales, sino en la propia forma de gestionar políticamente desde el Estado y en la escala social de valores. Por ende, la corrupción hay que enfocarla a la luz de las determinaciones estructurales que el neoliberalismo ha impuesto, también, a este nivel.
MENCIONANDO una brevísima lista de casos de corrupción y extrayendo algunos ejemplos de cómo se manifiesta, es posible aventurar algunas líneas por las que debe orientarse el análisis y las posibles soluciones, aunque nunca sean definitivas, a la corrupción urbanística. Así, casos como el de Marbella, el de Alhaurín El Grande o el reciente de Alcaucín nos muestran, como los credos neoliberales, lo siguiente.
PRIMERO. Hay un absoluto desprecio de lo público. Desde la Administración se vulnera el patrimonio e interés general con cierta aquiescencia e, incluso, comprensión, de una parte significativa de la población. Véanse las victorias del GIL en su momento o el apoyo entusiasta de muchos vecinos y, en el caso de Alhaurín El Grande, incluido el propio Partido Popular, a alcaldes imputados por corrupción.
SEGUNDO. Asociado a lo anterior, la privatización de lo público. Zonas protegidas por su valor medioambiental, que deben servir al interés general, son apropiadas por unos pocos. Se empezó por la costa y se subió a la montaña, evocando la vieja práctica burguesa de usurpación de tierras de uso comunal.
TERCERO. El deterioro medioambiental. Con el neoliberalismo todo es susceptible de convertirse en mercancía y el territorio y su riqueza medioambiental no lo es menos. El absoluto desprecio por el medioambiente perpetrado por el neoliberalismo y el desarrollismo en sus décadas de hegemonía ha minimizado la gravedad de la especulación urbanística en la mentalidad colectiva de la gente y, por supuesto, en la de los gestores públicos.
CUARTO. La especulación y la economía virtual. Con el neoliberalismo el grado de financiarización de la economía y el peso de la economía virtual ha alcanzado un grado sin precedentes, siendo, el territorio de nuestra provincia, un espacio rentable para materializar esa riqueza virtual y lavar dinero negro a través de un urbanismo desaforado.
ÉSTAS son las bases por las que entender la relación del neoliberalismo con el fenómeno específico de la corrupción urbanística en la provincia de Málaga, a fin de cuentas, se extienden prácticas normalizadas y legales en otros ámbitos, por muy dañinas que sean al interés común, a la explotación ilegal del territorio y al mantenimiento de la burbuja especulativa.
CON todo, la corrupción se ha visto favorecida, además, por unas condiciones objetivas que han de cuestionarse, si queremos plantear soluciones. Entre tantas, creo que una a la que cabría que prestáramos especial atención, sobre todo las fuerzas políticas, es la degeneraciónmarbella.jpg partitocrática del sistema político. La aplastante presencia de los partidos políticos, fundamentalmente en su expresión bipartidista, en el conjunto de ámbitos de gestión pública, ha generado oscurantismo y redes clientelares en contraposición a otras formas de gestionar y controlar lo público con el concurso de más agentes sociales. En este sentido, deberíamos profundizar en más democracia por la vía de una mayor participación de la ciudadanía como dique de contención a la corrupción. Hay muchas experiencias, sobre todo en América Latina, que demuestran cómo mediante la participación directa y cogestión ciudadana de los asuntos públicos la congénita y estructural corrupción en el Estado ha menguado notablemente. Articulando mecanismos y dándoles soporte legislativo avanzado a nuevas formas de participación política directa la corrupción tendrá unas condiciones objetivas mucho más hostiles para generarse.
DESDE la administración local, número uno en el ranking provincial de casos de corrupción con más impacto mediático, es imperioso desarrollar políticas participativas que doten de transparencia a la gestión pública. Realizando presupuestos participativos sustantivos, no meras pantomimas de participación restringida, y elaborando planes de ordenación urbana participativos por los vecinos, que eviten recalificaciones irregulares o estrategias especulativas sobre los bienes públicos, tenemos dos herramientas contra la corrupción factibles, hoy por hoy, de ponerse en práctica. Si el control sobre la gestión pública se limita a la libertad de información estamos dejando en manos de los pocos que tienen medios de comunicación un deber y derecho que corresponde al conjunto de la ciudadanía.
EN definitiva, la corrupción urbanística en nuestra provincia responde a un fenómeno estructural que requiere de cambios profundos en el sistema político que doten de más protagonismo a la ciudadanía en la gestión de lo público, algo que haría tambalear las columnas bipartidistas que llevan tres décadas levantándose sobre esta pobre democracia.