El Gobierno deberá estudiar, entre otras medidas, el impacto sobre la exención fiscal a las indemnizaciones por despido colectivo o individual en la parte que no supere el límite establecido para el despido improcedente
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario y titular en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Gaspar Llamazares, ha sacado adelante hoy en el seno de esta comisión con el apoyo unánime de los grupos, tres iniciativas parlamentarias encaminadas a mejorar la protección de los desempleados, sobre todo de aquellos que en función de edad o características laborales no están incluidos en ningún plan de incentivos a la contratación, y de los trabajadores en situación de incapacidad temporal.
En concreto, Llamazares ha defendido el contenido de las proposiciones no de ley para la mejora de la protección de las personas desocupadas, de medidas urgentes para paliar la situación de las familias especialmente afectadas por el desempleo y para el reconocimiento del médico de familia como figura principal en la decisión y seguimiento de la baja laboral.
En el primer caso, a través de una enmienda transada por todos los grupos tras la propuesta de Izquierda Unida, el Congreso insta al Gobierno a “elaborar en el más breve plazo posible un estudio acerca del impacto que tendría para todos los agentes implicados la revisión del tratamiento fiscal de las indemnizaciones provenientes de los despidos colectivos o individuales por causas objetivas, de forma que quedara exenta la parte de indemnización que no supera el límite establecido para el despido improcedente”.
De la misma manera, sobre la segunda proposición, el texto final reclama al Ejecutivo “ante el agravamiento de la destrucción de empleo de menores de 45 años, la carencia de rentas y la situación de crisis nacional, estudiar en el marco del Diálogo Social medidas que puedan abordar respuestas a estas circunstancias”.
Sobre la tercera iniciativa, en un debate conjunto con otra de las registradas en la comisión, Llamazares alcanzó un acuerdo con el resto de grupos para instar al Gobierno a adoptar medidas que eviten que se dejen de registrar diversas enfermedades profesionales.
En defensa de esta propuesta registrada a través del Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV Llamazares señaló la intención de la iniciativa de vincular el sistema sanitario laboral al sistema sanitario general, “que han sido segregados” de forma incorrecta desde hace más de una década. “Buscamos revertir una situación que no ha dado buenos resultados en la salud de los trabajadores y que, en la práctica, está llevando a la privatización más o menos encubierta de la salud laboral”.
El portavoz parlamentario de IU argumentó que el registro de enfermedades profesionales está “descendiendo vertiginosamente”, mientras se produce un “incremento de gasto injustificado” por parte de la Seguridad Social y de las mutuas, que están “más interesadas en los resultados económicos de las empresas que en la salud de las personas”.
Por todo ello, el texto final fija que se inste al Gobierno a realizar “un análisis en el plazo más breve posible de los resultados obtenidos en la aplicación de los nuevos mecanismos de control de la incapacidad temporal, con especial mención al papel desarrollado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, fundamentalmente, en lo que se refiere a la necesaria coordinación y cooperación con los Servicios de Salud, tanto en el seguimiento por parte de los médicos de familia, como con el control y supervisión de esta prestación”.
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario y titular en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Gaspar Llamazares, ha sacado adelante hoy en el seno de esta comisión con el apoyo unánime de los grupos, tres iniciativas parlamentarias encaminadas a mejorar la protección de los desempleados, sobre todo de aquellos que en función de edad o características laborales no están incluidos en ningún plan de incentivos a la contratación, y de los trabajadores en situación de incapacidad temporal.
En concreto, Llamazares ha defendido el contenido de las proposiciones no de ley para la mejora de la protección de las personas desocupadas, de medidas urgentes para paliar la situación de las familias especialmente afectadas por el desempleo y para el reconocimiento del médico de familia como figura principal en la decisión y seguimiento de la baja laboral.
En el primer caso, a través de una enmienda transada por todos los grupos tras la propuesta de Izquierda Unida, el Congreso insta al Gobierno a “elaborar en el más breve plazo posible un estudio acerca del impacto que tendría para todos los agentes implicados la revisión del tratamiento fiscal de las indemnizaciones provenientes de los despidos colectivos o individuales por causas objetivas, de forma que quedara exenta la parte de indemnización que no supera el límite establecido para el despido improcedente”.
De la misma manera, sobre la segunda proposición, el texto final reclama al Ejecutivo “ante el agravamiento de la destrucción de empleo de menores de 45 años, la carencia de rentas y la situación de crisis nacional, estudiar en el marco del Diálogo Social medidas que puedan abordar respuestas a estas circunstancias”.
Sobre la tercera iniciativa, en un debate conjunto con otra de las registradas en la comisión, Llamazares alcanzó un acuerdo con el resto de grupos para instar al Gobierno a adoptar medidas que eviten que se dejen de registrar diversas enfermedades profesionales.
En defensa de esta propuesta registrada a través del Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV Llamazares señaló la intención de la iniciativa de vincular el sistema sanitario laboral al sistema sanitario general, “que han sido segregados” de forma incorrecta desde hace más de una década. “Buscamos revertir una situación que no ha dado buenos resultados en la salud de los trabajadores y que, en la práctica, está llevando a la privatización más o menos encubierta de la salud laboral”.
El portavoz parlamentario de IU argumentó que el registro de enfermedades profesionales está “descendiendo vertiginosamente”, mientras se produce un “incremento de gasto injustificado” por parte de la Seguridad Social y de las mutuas, que están “más interesadas en los resultados económicos de las empresas que en la salud de las personas”.
Por todo ello, el texto final fija que se inste al Gobierno a realizar “un análisis en el plazo más breve posible de los resultados obtenidos en la aplicación de los nuevos mecanismos de control de la incapacidad temporal, con especial mención al papel desarrollado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, fundamentalmente, en lo que se refiere a la necesaria coordinación y cooperación con los Servicios de Salud, tanto en el seguimiento por parte de los médicos de familia, como con el control y supervisión de esta prestación”.
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