El PSOE une sus votos al PP para tumbar todas las propuestas de IU que buscaban limitar los privilegios de la iglesia, facilitar la apostasía

El Grupo Socialista ha unido sus votos al PP y al resto de grupos conservadores del Congreso para rechazar hoy en la Comisión de Justicia las iniciativas presentadas por IU-ICV en las que se solicitaba al Gobierno que adoptara reformas legales para establecer un procedimiento que permitiera “de forma rápida y con garantías causar baja de las religiones”, así como que se revisaran los acuerdos entre el Estado y el Vaticano para eliminar “los privilegios que tiene la Iglesia Católica”. Además, también rechazaron la iniciativa que solicitaba la creación de una comisión parlamentaria no permanente de estudio sobre “la disponibilidad de la propia vida”.

La iniciativa dedicada a la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado fue defendida por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien aseguró que este concordato nació “de impulsos preconstitucionales y tiene muy poco que ver con la dignidad de un Estado”, además de ser contrario “a su carácter aconfesional”.

Explicó que estos acuerdos conceden “privilegios a la Iglesia católica, como su presencia abrumadora en la educación” y que cuente “con financiación pública. La mayoría de las ciudadanos, tanto católicos como no católicos, quieren revisar estos acuerdos, porque distinguen lo que es Dios y lo que es el César”.

Llamazares también solicitó al Gobierno la reforma la Ley Orgánica de Libertad Religiosa -aprobada en 1980- “para que no se favorezca a la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial”. Al tiempo, acusó al Ejecutivo de “mantener una relación desequilibrada y confesional” con la Conferencia Episcopal.

Por otra parte, en relación a la propuesta sobre la eutanasia más tarde rechaza, Gaspar Llamazares recalcó que su grupo “no está pidiendo en estos momentos la legalización de la eutanasia” sino simplemente la creación de una comisión que analice esta materia “controvertida y delicada de una manera sosegada y racional”.

Llamazares se mostró partidario de “una muerte digna y de no dejar solos a los pacientes, a los sanitarios y a sus familias ante estas decisiones. La vida es un derecho, no un deber”, aseveró el diputado de IU, quien criticó que el Código Penal contemple “penas entre seis meses y seis años a quien coopere de manera activa en la muerte de un enfermo, aunque éste lo solicite”.

“El derecho a morir dignamente debe contemplarse como un derecho fundamental y como una conquista del Estado laico y pluralista. La alternativa no es entre vida o muerte, sino entre una muerte indigna y dolorosa o una muerta digna”, afirmó.

El diputado de IU argumentó que esta comisión es necesaria para estudiar la práctica de la sedación terminal -a raíz del ‘caso Leganés- y para evaluar la prestación de cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud. Añadió que “la mayoría de la sociedad española, que es moderna y abierta, está a favor de este debate en torno a una muerta digna”.

Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, encargado de defender la propuesta para regular la apostasía, aseguró que las personas que quieren abandonar la fe cristiana se enfrentan “a un proceso lento e incierto” que muchas veces les obliga a recurrir a los tribunales. Defendió, además, que se debían suprimir los nombres de los apóstatas del registro bautismal “ya que son datos personales sujetos a la Ley de Protección de Datos”.

“Poder darse de baja de una religión –dijo- es un derecho recogido en la Constitución española e internacionalmente, por lo que la iniciativa pretende simplemente que el Gobierno cumpla la ley”.

Desde el PSOE se señaló que es “poco oportuno en este momento” llevar a cabo dichas modificaciones y se recordó el Gobierno tratará de dar solución a esta situación en la reforma que prepara de la Ley de Libertad Religiosa.