Resolución de la Conferencia del PCE sobre el inminente juicio al alcalde de Puerto Real, José A. Barroso, por injurias al jefe del estado.

El próximo día 2 de junio la Audiencia Nacional juzgará a Jose Antonio Barroso, Alcalde de Puerto Real (Cádiz) y militante de IU y del PCE, por un delito de injurias al actual Jefe de Estado. En caso de ser condenado, Jose Antonio Barroso podría ser el primer cargo público de este pais, elegido democráticamente en las urnas, que resultara inhabilitado para el ejercicio de cargo público por el mero hecho de haber expresado públicamente sus opiniones sobre el actual Jefe de Estado. De esta forma, se produciría una conculcación del derecho de los ciudadanos de Puerto Real a elegir libre y democráticamente a su alcalde, además de una conculcación del derecho a la libertad de expresión de ideas políticas del compañero Barroso. Todo ello, resultado de una querella interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que entiende que las manifestaciones sobre la condición personal y actividades económicas del actual Jefe de Estado, vertidas públicamente por el Alcalde Barroso, deben llevar aparejada una sanción penal, mientras que esa misma Fiscalía se ha abstenido de actuar, por ejemplo, contra destacados cargos públicos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que públicamente pidieron, concretamente, la “muerte al Borbón”, sin que tal afirmación haya supuesto el inicio de actuación judicial alguna. Esta diferencia de trato dada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional a los militantes y cargos públicos de IU respecto a militantes y cargos públicos de otros partidos políticos, merece todo nuestro rechazo, condena y estupor, por considerar que estamos ante una nueva discriminación, en este caso de Izquierda Unida, frente a otras fuerzas políticas.
Los hechos por los que el compañero Barroso podría ser condenado e inhabilitado como Alcalde se remontan al 14 de abril de 2008, concretamente a las manifestaciones vertidas en un acto celebrado en el Ateneo Republicano de Los Barrios (Cádiz). Al margen de la coincidencia o no con las concretas manifestaciones vertidas por el compañero Barroso, el PCE entiende que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones sobre cualquier persona, incluido el Jefe del Estado, siempre que dichas manifestaciones no pretendan ser insultantes. En el presente caso, conviene resaltar que todas las manifestaciones vertidas por el compañero Barroso han sido reproducción de otras manifestaciones previamente realizadas, explicadas, difundidas y acreditadas por varios periodistas e historiadores, que han manifestado las mismas opiniones en publicaciones que han sido legalmente difundidas en toda España desde hace años, sin que en estos casos tampoco haya existido reproche penal alguno por parte de la Fiscalía o los tribunales.
Denunciamos igualmente que la actual legislación penal española impide que cualquier acusado por un supuesto delito de injurias a la Jefatura del Estado pueda utilizar las mínimas armas de defensa procesal que nuestra Constitución y la legislación penal prevén para los supuestos de delitos de injurias o calumnias respecto a cualquier persona. Este inadmisible privilegio legal reservado al Jefe de Estado y a distintos miembros de su familia, impropio de un estado democrático de Derecho, constituye una clara discriminación de cualquier ciudadano que pretenda expresar sus opiniones políticas sobre la monarquía española, además de provocar la absoluta indefensión de quien se atreviera a realizar tales manifestaciones. Lo anterior, además de ser políticamente reprochable conculca lo establecido en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza:
“Todos son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienes derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”
Así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reza:
“Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos (…) de cualquier índole (…) nacimiento (…)”
El PCE hace un llamamiento al Gobierno español para que de inmediato de instrucciones para la retirada de la acusación de la Fiscalía contra el Alcalde Barroso, retirada que significaría sin más el archivo de la causa evitándose la celebración de juicio alguno. El PCE hace responsable al Gobierno del Presidente Zapatero de las consecuencias políticas que tendría una hipotética sentencia condenatoria que privara a los ciudadanos de Puerto Real del Alcalde que democráticamente han elegido. Igualmente, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas que se sientan democráticas, para que de inmediato se proceda a eliminar de nuestra legislación los injustificables privilegios de que disfruta la monarquía en nuestro pais, máxime cuando estos privilegios discriman claramente al resto de ciudadanos y pueden provocarles la privación de sus derechos, incluido el derecho a la libertad.
Convocamos a todos los demócratas, especialmente a aquellos que se sienten republicanos, a que acudan el próximo día 2 de junio a las 10 de la mañana a la Audiencia Nacional, para apoyar con su presencia al compañero Alcalde de Puerto de Real, Jose Antonio Barroso.