Cayo Lara advierte de la oposición frontal de IU al anteproyecto del gobierno para eliminar la publicidad en TVE

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha mostrado hoy su oposición a la decisión del Gobierno de suprimir la publicidad en TVE a través del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, que cuando se tramite “y si llega al BOE, no será desde luego con el voto de IU”.Lara denunció que “se vayan a suprimir los ingresos de más de 500 millones de euros de publicidad” con que contaba TVE hasta ahora, tras sucesivas bajadas del minutado de publicidad y de planes previos de ‘más reducciones drásticas’ previstos previamente a la ejecución de esta decisión final por el Gobierno socialista.Lara, que se encuentra en Murcia con motivo de la celebración de la XI Asamblea Regional de IU-Murcia y coincidiendo con la precampaña de las Elecciones Europeas, puso en duda que esta medida “a la que no auguro una validez de futuro” vaya a servir de forma efectiva para “favorecer en la práctica a otros medios para que cuenten con más ingresos. Habrá que verlo. La decisión se toma plegándose a las presiones de las compañías privadas de televisión, sobre todo las que tiene una buena parte de su capital extranjero, pero no necesariamente esa publicidad puede ir a nutrir a esas otras cadenas”.“Lo que sí es cierto –dijo- es que el Gobierno ha ido a buscar los recursos aparentemente con un tres por ciento a los canales privados de televisión y con otro porcentaje del 0,9 al sector de las telecomunicaciones, que ya han salido con una protesta seria. Veremos en qué queda todo esto”.Cayo Lara cuestionó el tramite de urgencia y “las prisas con que el Ejecutivo socialista lleva a cabo su plan” y auguró que “no se tardará ni un año en que las cadenas de televisión privadas le digan que por qué tienen ellas que financiar lo que es un sector de una televisión pública y que se financie con los recursos del Estado”.Además, el coordinador general de IU trató el delicado problema de la corrupción –muy presente en Murcia con múltiples casos vinculados al ladrillo- que, en su opinión, es “el cáncer de la democracia del país. Le quita nobleza al arte de la política, que es el servicio de lo público”.Exigió acabar con esta situación y que “se investigue y se lleve a los tribunales a los corruptos en España, ya que al poder político se va sólo a servir a los ciudadanos”.Mostró su esperanza de que “haya un clamor popular que cuestione y condicione a los corruptos en la política, de tal manera que desaparezcan del marco y de la vida política española. La mala imagen la da que haya elementos de corrupción acompañados por dos factores esenciales: que se ha podido hacer dinero de manera muy rápida con los pelotazos urbanísticos que se han dado. Además, está la ‘España urbanizable del PP’, donde se podían hacer promociones urbanísticas simplemente firmando convenios con los ayuntamientos. Los alcaldes abrieron los brazos de par en par porque sólo vieron dinero por la licencia de obra”.Abundando en este tema, recordó que “después de 30 años de democracia no se ha ido a la financiación de los ayuntamientos, no hay suficiencia financiera, ni se ha hecho el tantas veces prometido pacto local. Así, éstos están financiando el 35 por ciento de servicios que son competencia de otras administraciones”.