32 aniversario de la legalización del PCE

El «modelo canónico de la transición a la democracia» ha tenido un largo y duradero impacto en la conformación del discurso institucional de nuestro pasado más reciente. Sacralizada e inmortalizada como ejemplo modélico a seguir, comienza a ser necesario despojar a la transición del heroísmo, no exento de dramatismo, que la ha acompañado.Más allá del cuestionamiento de los silencios, de los miedos y de los personalismos que protagonizaron este periodo, y que se proyectan sobre nuestro presente en forma de défitic democráticos, una visión global y crítica sobre la transición nos puede aportar muchas de las claves en torno a los debates sobre la definición de la estrategia política del PCE, que de manera cíclica, y sin prácticamente debate, salen a relucir. Nos referimos, pues, a los costes políticos que tuvieron dos decisiones claves en el ecuador de la transición, es decir, el año 1977: la legalización del Partido Comunista de España, y la posición de éste en los Pactos de la Moncloa. Aunque ambas cuestiones son sobradamente conocidas en sus contenidos y posicionamientos principales, conviene, de cara afrontar la Historia reciente del PCE de forma rigurosa, interrogarse sobre los costes de muchas de las decisiones que se tomaron en aquel año, y que pesarían sobremanera en la posterior evolución del Partido.El 9 de abril de 1977 en una maniobra previamente pactada entre el Secretario General del PCE –Santiago Carrillo- y el Presidente del Gobierno –Adolfo Suárez- se procedía a la legalización del Partido Comunista de España, tras casi cuarenta años de clandestinidad, persecución y represión. Si aquella fue una decisión inevitable en el proceso de reforma (lejos por tanto de la interpretación de una cesión voluntariosa del Gobierno), otra cuestión muy diferente, que es las que nos interesa destacar aquí, serían los efectos a largo plazo en la estrategia comunista que tuvieron las decisiones tomadas por el PCE en los siguientes días. Junto al ruido de sables, ejemplificado en la dimisión del Ministro de Marina –Pita de Veiga-, y la presión de los poderes fácticos -todos ellos ampliamente relatados por sus protagonistas-, que situarían el proceso de reforma en uno de sus momentos más críticos; lo que a día de hoy seguimos desconociendo es si las decisiones de la reunión del Comité Central del PCE celebrado cinco días después en Madrid (un 14 de abril), en donde se aceptaría la bandera rojigualda y la monarquía, se encontraban dentro de los pactos previos entre Carrillo y Suárez; o como nos han venido contando buena parte de los cronistas de la corte, aquello fue una decisión del momento. No es baladí interrogarse en torno a esta cuestión, dadas las consecuencias que aquella polémica decisión tuvo en la vida del Partido en adelante. De hecho, el examen histórico que se pueda llevar a cabo sobre el ex –Secretario General del PCE en ese momento concreto, depende, en gran medida, de conocer dónde, cuándo, cómo y en qué circunstancias se elaboraron los acuerdos. Y en esta labor, el sempiterno silencio guardado en torno a las decisiones claves por parte del propio Carrillo ha ayudado poco a dicha clarificación.Lo cierto es que a partir de ese momento se produciría un aceleramientos de los tiempos políticos, y en donde el PCE comandado por Carrillo en una estrategia de permanente adaptación a las circunstancias y a los hechos, transformaría frontalmente toda la política del PCE-antifranquista. Invalidada la ruptura democrática, y ante el serio riesgo de quedar aislado y marginado antes de las elecciones de 1977, se transitaría del proyecto de la ruptura pactada, con el IX Congreso del Partido en 1978 de por medio, a la política de concentración democrática, quedando para el recuerdo la política de reconciliación nacional. Espectacular recorrido en menos de un año, que se había iniciado en enero con la demostración de serenidad y madurez del PCE manifestada ante los asesinatos de los abogados de Atocha; en junio con la difícil asimilación (no exenta de un exceso de voluntarismo) de unos resultados electorales en las elecciones generales, que no se aproximaban ni al esfuerzo realizado por el Partido en la lucha antifranquista, ni a las esperanzas depositadas en la construcción del proyecto eurocomunista; y que terminaría en octubre de ese mismo año con un ferviente apoyo de los Pactos de la Moncloa, como ninguna otra fuerza política otorgaría, a excepción del propio Suárez. Decisión ésta en donde primó en el cálculo de costes y beneficios (aislar a un renacido Partido Socialista, y ser protagonista de los entresijos de las reformas políticas ante la imposibilidad de un Gobierno de concentración nacional) intereses cortoplacistas en pos de un reforzamiento interno del Partido cuando no pocos sectores comenzaban a demandarlo. Así pues la legalización del PCE en ese sábado de aquella Semana Santa, abriría un nuevo periodo en la historia del Partido, caracterizado por una larga crisis hasta la creación de Izquierda Unida.Los costes políticos para la estrategia comunista derivados de las decisiones de 1977 y 1978 -precisamente en el momento de refundación del sistema político y reestructuración del modelo económico del capitalismo español- resultaron a la postre decisivas para mostrar, primero, la inviabilidad tanto electoral como estratégica del proyecto del eurocomunismo; segundo, el personalismo y dirigismo del Carrillo –hoy día constituido en un icono consagrado del discurso institucional de la transición- mostraron, al mismo tiempo, las grandezas y miserias de un Partido Comunista, siempre mediatizado por el eterno debate entre revolución o reforma. Triunfante la segunda de las posturas, las costes políticos (y electorales) de aquellas decisiones, tras el paréntesis de las elecciones de 1979, se mostraron en toda la crudeza en las siguientes del año ochenta y dos. Ni el Partido había podido o sabido ocupar su posición de interlocutor central del proceso, ni arrebatado votos al PSOE (quien en el proceso de legalización del PCE no mostró apoyo alguno ni interés en la definición del asunto) ni había reconducido los iniciales descontentos en el seno de la organización.A los treinta y dos años de la legalización del Partido Comunista de España, por tanto, conviene hacer balance de las victorias y de las derrotas de esta experiencia histórica. Si la legalización del PCE fue una clara y determinante victoria no sólo del Partido, sino de las fuerzas políticas antifranquistas; lo que sucedió a partir de aquel momento debería hacernos reflexionar sobre cuál debe de ser el papel, el programa, las estrategias y las políticas de alianza de una organización comunista en nuestro actual sistema democrático. Recuperar y volver a reinterpretar colectivamente ese periodo, lejos de debates acalorados y maniqueos, supondría un importante paso en la redefinición de la estrategia comunista en lo que ha venido a denominarse la segunda transición del PCE.

¿35 Años de Franquismo?

Vamos, camino del treinta y cinco aniversario de la muerte del Gran Dictador, Es obvio que los menores de 45 años, no sabemos de primera mano, quien fue tan desagradable señor, que “gobernó” nuestro país durante cuarenta años.
En estos años, poco se habla, de la represión franquista, de la falta total de libertad de expresión y de movimiento, del aislamiento internacional, de la persecución a los defensores de un gobierno legitimo, (Comunistas, Nacionalistas, Republicanos, etc… la persecución a ciertas zonas de nuestro país, (Catalanes, Vascos, etc...) Poco se habla, de cómo lo dejo todo atado y bien atado, para un heredero que estaba siempre a su lado en todo lo relacionado con elevar el régimen. Ahora este mismo es el símbolo de la unidad y la prosperidad de España.
Tan solamente, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en Cataluña ha pedido a vuestra majestad, que pida perdón en nombre del Estado de los Crímenes del Franquismo, Todavía los familiares de los miles de muertos, los presos políticos, etc... Deben alguna explicación, por parte del Jefe de Estado. Valga como ejemplo, la Alemania Democrática, si ha pedido perdón por los bombardeos de Gernika.
¿No hemos quedado, que aquí no hubo ruptura sino reforma? Pues bien. Si este estado es la continuación de aquel y de hecho la Jefatura de Estado la ostenta quien fue designado por el Caudillo de España por la Gracia de Dios, algo debería hacer este hombre además de salir una vez al año en televisión y hablar de los nietos.
Franco fue el súper malo. Juan Carlos I es hoy el súper bueno. Esa es la tónica de todos los programas especiales que se están haciendo después de casi cuarenta años del fallecimiento del dictador, así como de los casi cuarenta de la coronizacion del rey.
Pero, ¿ante quién juró los Principios Fundamentales del Movimiento recordando a su mentor cada dos párrafos? Pues ante unos Procuradores en Cortes elegidos de forma digital. Juan Carlos I fue elegido rey ante unas Cortes franquistas. Eso es lo que se celebra y recuerda como algo sublime. Alejandro Rodríguez de Valcarce, presidente de aquellas Cortes antidemocráticas, tras la jura del rey, dio aquel famoso grito: “Señores Procuradores, desde la emoción en recuerdo a Franco, ¡Viva el Rey!”.
Esto, en un estado democrático, ¿es para celebrarlo? ¿No es mejor pasar un tupido velo ante semejante vergüenza? Pues no. Venga fiesta.
La monarquía no fue sometida a consideración de los ciudadanos de forma exenta. El pacto de la transición fue ese. Carrillo y González aceptaron la monarquía propuesta por el dictador a diferencia de lo ocurrido en Bélgica y en Italia tras la segunda guerra mundial. En Bélgica ganó el “sí”. En Italia ganó el “no”. En España aun no se sabe. Nos metieron la monarquía por pantalones, en el referéndum constitucional y ahí está y, para más INRI, se celebro el treinta aniversario de la coronizacion ante aquellas Cortes que se habían pasado cuarenta años aplaudiendo al dictador y justificando sus excesos y atropellos. Esta es nuestra ejemplar transición española de la dictadura a la democracia.
Es normal que en éste clima de exaltación patriótica propio de una sociedad blanda y sin valores claros, Manuel Fraga, el presidente de honor del PP, haya dicho que el juicio que le hará la historia a Franco será positivo. Lo dice él que fue ministro con el general, avalando el fusilamiento de Julián Grimau. Para justificarlo lo ha hecho con esta aguda reflexión: “el régimen no era fascista ni totalitario, sino solo autoritario”. Con este criterio justifica una sublevación militar contra un gobierno legítimo, una represión brutal, fusilamientos a mansalva, exilios, represión continua y la entrada bajo palio en las iglesias. Y es que, al parecer, aquel régimen no era fascista sino tan solo autoritario. Lo dice Fraga. El presidente de honor del PP.
Al ser preguntado por las ejecuciones durante la dictadura, Fraga afirmó que “en el juicio de Burgos fueron procesados algunos terroristas y Franco pensaba que los que ponían bombas merecían la pena de muerte”. Se olvida decir que el clamor internacional paró aquellas ejecuciones no entendibles en un mundo civilizado pero que no logró hacerlo en las de octubre de 1975, porque aquel dictador murió matando. A su lado, en la Plaza de Oriente recibiendo los vítores de todo el facherío ante aquella aberración, ¿quién estaba? El Príncipe Juan Carlos. La persona que hoy debería pedir perdón.
Fraga concluyó sus declaraciones hechas en Roma diciendo que “Zapatero guía una mayoría anómala, que nació de las bombas de Al Qaeda y de una alianza con los separatistas catalanes y vascos y que está negociando con ETA y se enfrenta a la Iglesia”. Como se ve, Franco en estado puro.
Hace tres años, el diario El Mundo publicaba una encuesta sobre la Monarquía. Decía que recibía un notable. Lógico, cuando no se informa de sus excesos y corruptelas, cacerías de osos, vacaciones y amoríos, pero decía también, y eso le honra, que un 38% de jóvenes prefiere la República. De todas maneras, un 40%, es mucho, sobre todo cuando alrededor de esta figura y su familia no hay más que maravillas.
En la encuesta se dice que su nivel de aceptación ha caído ocho puntos en los últimos cinco años y se dispara hasta un 68%, 23 puntos más que hace un lustro el porcentaje de quienes opinan que la Monarquía resulta cara para las arcas del estado. Y eso que no se sabe lo que gastan ya que no hay forma humana ni de control parlamentario de saberlo. Y, lo mejor del caso, es que por primera vez en un sondeo, hay ya un segmento de la población –los que tienen de 18 a 29 años- que se sienten más republicanos que monárquicos. Datos objetivos.
Esta es pues la realidad que se nos trata de ocultar mientras se habla de privilegios autonómicos. Aquí los únicos privilegios de verdad son los de esta Casa Real que viven sin dar cuenta parlamentaria, y no la dan ante nadie en ésta democracia de baja calidad.Vuelvo al principio.
Franco murió en la cama. ETA nació contra Franco y su régimen. Mató a Carrero Blanco que era su primer ministro. Los demócratas lo celebraron. Queda seguir estudiando el franquismo frente a los Fraga, los Rajoy y los Aznar, que no quieren que se hurgue en un pasado tan vergonzoso.Pero el rey Juan Carlos, designado por el dictador, vive y celebra su entronización ante unas Cortes elegidas por el dictador.¿No quedan demócratas en España, con una jerarquía de valores bien puesta, para levantar la voz? ¿No creen ustedes que el rey debería pedir perdón y no celebrar semejante farsa?

30 Años de Concejales del PCE e IU en Arriate

PCE
1979 Mayoría absoluta
Concejales electos--------------------Concejales entrados por dimisión
Juan Antonio Marquéz López----------Francisco Cintado Guerrero
Rafael Durán González
Rafael Ramirez Lago
Manuel Rueda Segura
José Martinez Velasco-------------------Francisco Ayala Melgar
Salvador Álvarez Camara

1983 Mayoría Absoluta
Salvador Álvarez Camara
Pedro Lago Becerra
Rafael Ramirez Lago--------------------José Ramirez Melgar
Francisco Ayala Melgar
Juan Antonio Duran Perez-------------Juan Cintado Ayala
Salvador Garcia Álvarez----------------José Rosado Tenorio

IU
1987 Oposición
Salvador Garcia Álvarez
Juan Cintado Ayala
José Ramiréz Melgar
Manuel Molina Lineros
Rafael Sánchez Jiménez

1991 Oposición
Rafael Duran González
Francisco Sanchez Garrido
Miguel Cintado Guerrero
Juan Lago Alvarez
Juan Villanueva Marín

IULVCA
1995 Mayoría Absoluta
Juan Antonio Marquéz López
Bernardino Gaona López
Miguel Cintado Guerrero
Andres Marín Tenorio
Maria del Rosario Mocayo Pastora-----Alberto Pimentel Blanco
Antonio Cintado Valadez

1999 Mayoría Absoluta
Bernardino Gaona López
Salvador Cabrera Martinez
Rafael Marín Garcia
Andrés Marín Tenorio
Antonio Ramirez Marquez
Juan Antonio Moreno Serrato

2003 Mayoría Absoluta
Bernardino Gaona López
Salvador Cabrera Martinez
Rafael Marín Garcia
Andres Marín Tenorio
Antonio Ramirez Marquez
Maria Belen Melgar Alcaide
Tudela Jesus Cintado Cámara

2007 Mayoría Absoluta
Bernardino Gaona López
Salvador Cabrera Martinez
Maria Gracia Terrer
Francisco Tenorio Rosado
Alvaro Duran Valencia
Tere Cintado Cámara
Rafael Marín Garcia

30ª Aniversario de la victoria del PCE en Arriate

Hoy 3 de abril se conmemora el 30º aniversario de la constitución de los Ayuntamientos democráticos en España. La institución municipal no sólo ha destacado en España por su cercanía, sino por haber asumido competencias que han dado pleno contenido al modelo de Estado Social que propugna el texto constitucional. Hasta que la ola privatizadora, arrampló los servicios públicos municipales, eran los consistorios quienes desarrollaban los programas sanitarios, educativos, deportivos, lúdicos, culturales, gestionaban la limpieza, el alumbrado, etc. El verdadero motor de cambio social en este país llegó siempre de la mano de la política municipal. Sin embargo, ésta tenía sobre sí una amenaza que afectaba a su soberanía, allá por abril de 1979: la capacidad financiera.
Hoy, los ayuntamientos gestionan el mismo porcentaje de recursos que hace treinta años (un 13% de los de todo el Estado) cuando la realidad, es que de su presupuesto, el 37% aproximadamente, se destina a cubrir servicios que no son de su competencia. Frente a ello, las comunidades autónomas han pasado de carecer de recursos propios, a gestionar más de un tercio, sin que ello haya ido acompañado de un trasvase de dinero y de poder a los Ayuntamientos.
¿Qué consecuencias ha tenido y tiene la insuficiencia financiera de los Ayuntamientos?
En primer lugar, el ladrillo, un urbanismo al servicio de la especulación, y una pérdida de patrimonio (suelo público) de consecuencias de futuro aún no calculadas.
Porque los Ayuntamientos, exentos de recursos y entregados al “cortoplacismo” han optado siempre por financiar sus grandes obras a través de planes urbanísticos –casi siempre irracionales y desmedidos-, permutas, convenios en los que muchas veces quien menos ganaba era la Administración y venta de suelo público.
El recurso del ladrillo no sólo parece agotado sino que ahora genera importantes problemas a quienes de él se han alimentado. ¿Cómo abastecer las necesidades básicas de quienes ahora viven en las urbanizaciones –a medio habitar- cuya licencia se otorgó para dotar de servicios a la población anterior? ¿En qué medida se pueden sostener servicios públicos indispensables –agua, alcantarillado, basuras, escuelas- en zonas de baja densidad o que por la crisis del ladrillo tiene muchos menos habitantes de los previstos? ¿Cómo intervenir contra la especulación si el principal instrumento de la administración, el suelo público, ha sido malvendido?
Y en segundo lugar, la corrupción. Porque el centralismo, lejos de ser la solución a la política caciquil o corrupta, ha ahogado a las administraciones, y allí donde un político es débil, y una administración está maltrecha, es corrompible.
Treinta años después de los primeros comicios democráticos, se agradecen las convocatorias bienintencionadas, y las fotos de familia. Pero no estaría de más que la efeméride viniera acompañada de tres compromisos en materia municipal: una nueva Ley de Financiación de los Entes Locales que garantice el 33% de los recursos; una tasación de las retribuciones de los políticos en base a parámetros como el número de habitantes o el presupuesto municipal, y una nueva “Ley de Ciudadanía” que sirva para culminar en el siglo XXI, la labor de los movimientos sociales urbanos de los 60 y 70, en forma de participación y control de lo público.

Acto público contra la crisis en la plazoleta

El próximo día, 25 de Abril, en la plazoleta de Arriate, PCE- IU, convocan un acto, con la participación de Pedro Moreno, concejal de IU del Ayuntamiento de Málaga, y catedrático en derecho laboral, donde se informará a los trabajadores, de sus derechos como tal, tipo de contrataciones, condiciones de los despidos, y todas las dudas y problemas que nos afectan, máxime en estos tiempos de crisis. la crisis que la pague el capital y no los trabajadores.

Por un proceso constituyente hacia la III República

Queridos Ciudadanos:
Queridas Ciudadanas:

Creo sinceramente que ha llegado el momento de plantear abiertamente un proceso constituyente hacia la III República y ello por las siguientes razones:
- Cuando se aprobó la Constitución actual en el año 1.978 votaron las personas a partir de los 21 años. Han transcurrido 30 años, luego todos los ciudadanos y ciudadanas de España que cuenten hoy desde la juventud hasta los 51 años (la mayoría demográfica del país) no votaron la Constitución y no se sienten vinculados a ella.
- La Constitución de 1.978 llevaba en su seno el modelo de Estado monárquico.
- No hubo en España un referéndum específico para que el pueblo decidiera entre monarquía o república.
-
- Las nuevas generaciones y el conjunto de la sociedad española tienen
- todo el derecho a opinar, a ser consultadas, porque la Constitución actual no es las tablas de la ley.
Hemos de hacer un gran trabajo para que las ideas y los valores republicanos sean hegemónicos en la sociedad con cuatro ejes básicos que a continuación desarrollaré:
1.- El Rey fue nombrado sucesor por Franco y carece de legitimidad democrática e histórica.
2.- La monarquía es opaca en los gastos económicos, patrimonios, donaciones, etc.
3.- La monarquía será constitucional pero no es democrática; el Estado no puede heredarse como si fuera un cortijo.
4.- La república federal y solidaria es la forma más democrática, más social, y la que se adecua mejor a la España plural del siglo XXI.
Algunas de las tareas de Izquierda unida en la lucha por la Tercera República serían:
- La propuesta fundamental es pasar del republicanismo estético, de salón, al republicanismo movilizador, a trabajar con los movimientos sociales y las instituciones.
- Hay que aumentar el número de Ayuntamientos que salgan del régimen monárquico actual e impulsen la red republicana.
- Apoyar los medios de comunicación con una línea abiertamente republicana.
- Hacer una campaña donde las personas con pensamiento republicano actúen en coherencia con los valores republicanos.
- Y sobre todo, como punto irrenunciable, situar la lucha por la Tercera República aquí y ahora, y en ningún caso a medio o largo plazo.
Caminamos hacia una República, la III, y lucharemos para que llegue cargada de Derechos Sociales, de Democracia y de Libertades, de Igualdad y de Prosperidad.

Antonio Romero Ruiz
Secretario Político del PCA de Málaga
Coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la III República.

IU saca adelante su iniciativa parlamentaria para que el Congreso reconozca la labor de los UMD en defensa de la democracia

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha sacado adelante en la Comisión de Defensa su iniciativa parlamentaria para que se reconozca la labor que al final de la dictadura y en los primeros años de la Transición realizaron los militares encuadrados en la Unión Militar Democrática (UMD).

Tras la defensa de la proposición no de ley defendida por Llamazares, el Congreso pasa a instar al Gobierno a iniciar actuaciones para rendir homenaje a los militares que pertenecieron a la UMD, para reconocer así su colaboración en el proceso de evolución hacia un régimen democrático en España.

En concreto, la iniciativa contó con 21 votos a favor y 16 abstenciones, en este último caso de los diputados del PP. Gaspar Llamazares aceptó la enmienda transaccional presentada que establece en su redacción final que la Cámara baja inste al Ejecutivo a “iniciar las actuaciones necesarias para rendir homenaje a los militares que colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un régimen democrático en España con especial reconocimiento a aquellos que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera y promoción profesional e incluso su libertad personal como miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) y a hacer públicos con precisión sus sacrificios personales y profesionales”.

En su intervención ante la Comisión de Defensa Llamazares afirmó que con esta iniciativa se pretende reparar a los miembros de la UMD “que a estas alturas no gozan del reconocimiento debido” por los esfuerzos en favor de la democracia.

Resaltó que la UMD, entre 1974 y 1977, cuando sus miembros decidieron autodisolverse una vez tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas, “luchó para neutralizar al sector más reaccionario del Ejército”. Llamazares destacó que algunos de los mandos, oficiales y suboficiales de esta asociación pagaron con cárcel, arrestos o la expulsión del Ejército el haber “elegido el camino de la libertad”.

19 de Abril, Manifestación en Sevilla por la IIIª República

70 aniversario de la derrota republicana frente a los criminales y genocídas franquistas

Han pasado setenta años de "fin" de la guerra, que iniciaron los militares, oligarcas y jerarquías católicas contra la democracia y las libertades que representaban la II República. Fue la “victoria” de la injusticia, del horror, de la venganza, del crimen, de la explotación generalizada de todo un pueblo y que mandó a las cavernas a la totalidad de las mujeres. Las cárceles estaban repletas, al igual que los campos de concentración y de exterminio, eran el hambre y el frio, los fusilamientos, ahorcamientos y el garrote vil las fórmulas para doblegar al pueblo español, para arrinconar y exterminar de la faz de España la

palabra libertad, república y comunismo.
No es posible olvidar tanta ignominia sin que se reparen minimamente a las víctimas, a sus familias y a la democracia de ello. No es posible "pasar página" sin la nulidad de los juicios franquistas, sin que se conozca toda la verdad de sus vejaciones, torturas y asesinatos contra el pueblo español, sin que se señale y condene a tantos criminales y genocidas. No es posible tolerar el silencio mientras halla un solo republicano “desaparecido” enterrado en una fosa o en una cuneta.
Por ello la llamada “Ley de Memoria Histórica” aprobada en la pasada legislatura por las Cortes es tan insuficiente, siendo el colmo del cinismo y la hipocresía el escaso desarrollo de la Ley realizado trascurrido un año de su aprobación y la reciente votación en el senado del Gobierno, junto a la derecha, para evitar que la búsqueda y exhumación de las miles fosas que pululan por nuestra patria sea de oficio por las administraciones del Estado.
En Málaga sabemos de estas políticas de exterminio franquistas, la fosa del cementerio S. Rafael expone hoy a la luz pública la envergadura del crimen, la de más de cuatro mil víctimas malagueñas en enterradas, cubiertas de cal viva, en fosas sin un nombre y que la Asociación Contra el Silencio y el Olvido de Málaga a conseguido ir exhumando, sorteando un sin fin de dificultades. La de numerosas calles que aún mantienen los nombres de los asesinos y sus colaboradores, ... Los comunistas de Málaga no pueden olvidar a sus camaradas asesinados, como el que fuera su Secretario político, Rodrigo Lara Vallejo; o su primer diputado, Cayetano Bolívar Escribano; o su sindicalista y fundador, Pepe Gallardo, y un sin fin de dirigentes y militantes comunistas que pasaron por los pelotones de ejecución franquistas y que su memoria revolucionaria está aún viva en nuestro partido, su PCE.

Mañana a las 11 de la mañana en el Tribunal Supremo se presenta la querella contra Aznar, Trillo y Ana Palacio

Se espera que muchos firmantes y miembros de la Plataforma "Juicio a Aznar" acudan a arropar la presentación de la querella

Cientos de personas acudieron a una notaría de Madrid para firmar formalmente una querella en contra del ex presidente español, José María Aznar, y varios de sus colaboradores, a quienes señalan de tener un alto grado de responsabilidad en la guerra contra Irak, no sólo por el apoyo militar que ofreció España durante su gestión, sino también por el apoyo político y logístico en la masacre a la población iraquí.
Los firmantes contra Aznar también lo responsabilizan por los atentados que sufriera Madrid el 11 de marzo de 2004, capitulo que afirman, fue consecuencia directa de la posición asumida por José María Aznar en la guerra contra Irak impulsada por el imperio norteamericano.
La querella se presentará este viernes 3 de marzo a las 11 de la mañana ante el tribunal supremo de Madrid, donde se prevé la asistencia de muchos de los miembros que impulsan la disputa legal contra Aznar.
A la querella podrá adherirse cualquier ciudadano o ciudadana español, acudiendo a algún notario de su ciudad para dar poderes a los procuradores y abogados que llevan el procedimiento contra el ex presidente Aznar.

EUPV se suma a querella

Esquerra Unida (EUPV) se ha sumado a la querella que la plataforma "Juicio a Aznar", afín al Partido Comunista de España (PCE), presentará el próximo viernes en el Tribunal Supremo contra el ex presidente del Gobierno español José María Aznar por su apoyo a la guerra de Irak.
Según un comunicado de esta formación, la coordinadora de EUPV, junto a otros dirigentes y militantes de este partido, ha formalizado hoy ante notario la querella contra Aznar y los ex ministros de Defensa, Federico Trillo, y de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, por "crímenes de guerra", entre otros posibles delitos.
La Plataforma "Juicio a Aznar" fue constituida en mayo de 2007, y desde entonces ha recibido más de 26.000 adhesiones de diferentes persones y organizaciones de izquierdas y pacifistas.
El próximo 3 de abril se interpondrá ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la querella contra Aznar, Trillo y Palacio, según las fuentes, que han recordado que para adherirse a la querella se deben otorgar poderes ante notario.
Marga Sanz ha recordado que Aznar "fue responsable directo de una guerra injusta e ilegal basada en mentiras, frente a las cuales se produjo la mayor movilización popular que se recuerda en el Estado español.
"Ahora es el momento de hacer pagar su responsabilidad judicial a quien no quiso escuchar los gritos de paz de la población española y mundial", ha indicado Sanz en el comunicado.
La querella se fundamenta en que la participación de España en la guerra de Irak "además de vulnerar el Derecho Internacional y no contar con el aval de Naciones Unidas, fue decidida por el Gobierno de Aznar en abierta infracción de lo que dispone la Constitución española, que determina que la competencia para declarar la guerra o hacer la paz corresponde al Jefe del Estado, previa autorización de las Cortes Generales".
"Por lo tanto, se trataría de un delito tipificado en el artículo 588 del Código Penal", según señala el comunicado de EUPV.
Además, el artículo 590 del Código Penal tipifica el delito consistente en "crear peligro o provocar represalias sobre las personas o los bienes de la ciudadanía española por la ejecución de actos ilegales o no debidamente autorizados".
"Los atentados del 11 de marzo en Madrid fueron la desgraciada materialización de esta situación", según Esquerra Unida.
Finalmente, la querella se interpone también por crímenes de guerra (artículos 608 y siguientes del Código Penal), por la participación de Aznar en la reunió de "las Azores".
Según las fuentes, esta reunión se puede considerar como el momento en el que los tres mandatarios presentes -Aznar, Tony Blair y George Bush- deciden el ataque a Irak al margen de la legalidad internacional con utilización de armas y métodos de combate constitutivos de crímenes de guerra. "Esta conducta puede calificarse como una conspiración", señalan.
Según EUPV, aunque inicialmente la querella se dirija contra Aznar, Trillo y Palacio, si la instrucción lo permite por aparecer novedades, la acusación se puede ampliar contra más personas y por más delitos.